Por Stephanie Francis Ward
El 17 de agosto de 2020, 1:25 pm CDT
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De ahora en adelante, la Sección de Educación Jurídica y Admisiones al Colegio de Abogados de la ABA revisará menos expedientes de las facultades de Derecho con información individual de los estudiantes para informar sobre los resultados del empleo.
Además, dado que algunas jurisdicciones han pospuesto las admisiones a la luz de la pandemia de coronavirus, la sección ha establecido un comité para abordar la información sobre las tasas de aprobación del examen del Colegio de Abogados. Los cambios se discutieron el viernes en una reunión a distancia del consejo de la Sección de Educación Jurídica y Admisiones al Colegio de Abogados.
«En el pasado, hemos revisado 10 o 20 expedientes, dependiendo del tamaño de una clase de graduados. Vamos a reducir ese número, porque las escuelas quieren una respuesta más rápida, y porque no estamos encontrando problemas graves en el proceso de auditoría. No vemos que las escuelas informen mal. A veces vemos alguna confusión o documentación en la que tendrían que mejorar», dijo Bill Adams, director gerente de acreditación y educación jurídica de la ABA.
Además, algunas facultades de derecho pidieron que la sección cambiara la fecha límite para informar sobre el empleo de los recién graduados a 12 meses después de la graduación, en lugar de los 10 meses actuales. Esta idea fue rechazada. Según Adams, es importante contar con fechas de datos coherentes para mostrar las tendencias de empleo. Además, ampliar el plazo de presentación de informes podría retrasar la obtención de información para los consumidores que están pensando en matricularse en las facultades de Derecho, dijo, mencionando la pandemia de COVID-19.
«Creemos que no deberíamos intentar enmascarar el daño que la pandemia está causando al empleo. Además, no estamos seguros de que cambiando el plazo de 10 a 12 meses vayamos a obtener una imagen mucho mejor o más precisa de lo que está ocurriendo», dijo Adams.
También se mencionaron las preocupaciones sobre la notificación de las tasas de aprobación de los exámenes de abogacía, ya que algunas jurisdicciones pospusieron los exámenes de abogacía a la luz del COVID-19. Adams dijo que se nombrará un comité de cuestionarios y que trabajará con el personal de la ABA en el desarrollo de una guía sobre cómo las facultades de derecho informan de los datos de aprobación del colegio de abogados este año.
El consejo también revisó un memorando presentado por su subcomité de revisión de normas. En él se enumeran tres objetivos para el año: el bienestar de los abogados y la responsabilidad profesional; la igualdad, la diversidad y la inclusión, incluyendo enfoques sobre la competencia cultural; y la educación a distancia.
Scott Bales, el presidente del consejo, mencionó que el organismo recibió una carta de los decanos de las facultades de derecho en la que pedían que se exigiera la formación y la educación en torno a la parcialidad, la competencia cultural y el antirracismo. También señaló que la Sociedad de Profesores de Derecho de Estados Unidos también envió una carta en la que pedía que el consejo utilizara un grupo externo para auditar sus normas y prácticas para hacer cumplir la Norma 206, que aborda la diversidad y la inclusión.
La versión actual de la Norma 206 establece que las facultades de derecho deben demostrar mediante «acciones concretas» su compromiso con la diversidad y la inclusión. Además, el lenguaje de la norma dice que las facultades de derecho demostrarán su compromiso con la diversidad y la inclusión teniendo un cuerpo docente y personal diverso, con respecto al género, la raza y el origen étnico.
«El público no sabe casi nada acerca de la supervisión del consejo sobre la Norma 206. SALT invita al consejo a hacer públicas las prácticas que utiliza para evaluar el éxito y el cumplimiento de la Norma 206», dijo Catherine M. Grosso, profesora de derecho de la Universidad Estatal de Michigan y copresidenta de SALT, al consejo en su reunión del viernes.
Además, SALT volvió a pedir al consejo que suspendiera la aplicación de la Norma 316. La petición fue rechazada en la reunión del consejo de mayo y de nuevo cuando el grupo se reunió el 14 de agosto.
«El consejo es consciente de varios problemas relacionados con las administraciones de los colegios de abogados de todo el país. Seguimos vigilando esa situación. También reconocemos que es concebible que los colegios se enfrenten a problemas debido a problemas con las jurisdicciones», dijo Bales, ex presidente del Tribunal Supremo de Arizona.