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Niños en primera línea
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Niños acogidos por la Villa Infantil Irapuato, que tiene altos estándares de atención – a diferencia de muchos otros orfanatos en México. Crédito: Cortesía Laura Martínez
Ciudad de México, 18 de agosto de 2014 (IPS) – Los hogares para niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad en México carecen de la necesaria regulación y supervisión estatal, lo que provoca escandalosas violaciones a los derechos humanos.
«La situación es muy grave», dijo Laura Martínez, directora del no gubernamental Patronato Pro Hogar del Niño, en la ciudad de Irapuato, en el central estado de Guanajuato, unos 300 kilómetros al norte de Ciudad de México. «No se tiene en cuenta el interés superior de los niños. Se violan sus derechos.
«No hay un censo nacional sobre dónde están, quién los cuida, bajo qué metodología. Deberíamos estar bien regulados, bien supervisados. No se cumple el reglamento y no hay una legislación al respecto», dijo a IPS.
Su albergue, conocido como Villa Infantil Irapuato, acoge a niños desde 1969 y tiene capacidad para albergar a 40 huérfanos o niños en situación de riesgo, de entre seis y 20 años. Desde 2003 aplica su propio protocolo de atención.
Los niños son referidos por la oficina estatal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y el albergue recibe financiamiento público y privado.
Los orfanatos en México operan en un vacío de legislación, registros oficiales y supervisión, con problemas generalizados de incumplimiento y falta de profesionalismo y financiamiento, situación que, según los expertos, viola los tratados internacionales firmados por México.
En este país de 118 millones de habitantes, con unos 45 millones de niños menores de 18 años, existen alrededor de 700 hogares públicos y privados que dan albergue a 30 mil niños. Pero la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar calcula que en México hay unos 400.000 niños sin cuidados parentales, de los cuales 100.000 viven en la calle.
El último escándalo sobre el funcionamiento de estas instituciones estalló el 15 de julio, cuando la Procuraduría General de la República anunció que 596 personas, entre ellas 458 niños, fueron rescatadas del albergue «La Gran Familia» de Zamora, ciudad del occidental estado de Michoacán. Vivían en condiciones paupérrimas, en habitaciones infestadas de cucarachas y ratas, según las autoridades.
Los residentes dijeron que eran violados, golpeados, retenidos contra su voluntad y obligados a mendigar.
El hogar, fundado en 1947, estaba dirigido por Rosa del Carmen Verduzco, conocida como «Mamá Rosa». Ella fue considerada no apta para ser procesada por su edad y problemas de salud, pero seis de sus colaboradores han sido acusados de secuestro, maltrato infantil y abuso sexual. El centro fue cerrado definitivamente el 30 de julio.
«El Estado lleva 30 años de retraso en cuanto a la garantía de los derechos de los niños en las políticas públicas», dijo Martín Pérez, director ejecutivo de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia. «El Estado nunca ha supervisado estos establecimientos; de vez en cuando sale algo a la luz y se acuerda de ellos y les pone atención».
Como el Estado no aporta fondos, tampoco ejerce supervisión. «Y eso deja a los niños en una posición vulnerable. Los albergues se convierten en un agujero negro, nadie sabe qué método educativo están usando… qué daños se causan», dijo Pérez a IPS.
Aunque el caso de «Mamá Rosa» fue el escándalo de mayor repercusión, cada vez que uno de los orfanatos o casas de niños es noticia, todos tienen algo en común: las irregularidades en su funcionamiento.
El 17 de jun. 17, las autoridades rescataron a 33 niños de entre cinco y 17 años y a 10 jóvenes de entre 18 y 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en el centro de la ciudad de Puebla, ante los indicios de abuso por parte del director de la casa.
En 2011, 19 niños fueron liberados del Instituto Casa Hogar Nuestro Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de la Salette, en la Ciudad de México. Las víctimas de abusos habían recibido amenazas de muerte para que no denunciaran las condiciones en las que estaban recluidos.
Dos años antes, las autoridades sacaron a 126 jóvenes maltratados de los albergues «Casitas del Sur» de la organización no gubernamental Reintegración Social. También descubrieron que 15 habían desaparecido, tres de los cuales siguen perdidos.
La Ley de Asistencia Social obliga al Ministerio de Salud a supervisar las casas de acogida para niños. Pero la supervisión es prácticamente inexistente.
Preocupación internacional
Desde hace más de una década, México está en la mira de los organismos internacionales por estas prácticas.
En sus recomendaciones al Estado mexicano en 2006, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el gran número de niños internados en instituciones privadas sin ninguna supervisión, y sugirió la creación de un directorio y una base de datos de niños en casas particulares.
«El Comité está preocupado por la falta de información (número, condiciones de vida, etc.) sobre los niños separados de sus padres que viven en instituciones. El Comité observa el gran número de niños en instituciones gestionadas por el sector privado, y lamenta la falta de información y supervisión por parte del Estado sobre estas instituciones», dice el documento.
El Comité, que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, recomendó al Estado que establezca una normativa basada en los derechos de los niños e introduzca una legislación eficaz, reforzando las estructuras existentes, como la familia extensa, mejorando la formación del personal y asignando mayores recursos a los organismos pertinentes.
En el informe de febrero de 2014 «El derecho de los niños y niñas a una familia. Cuidados alternativos. Poner fin a la institucionalización en las Américas», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a «regular adecuadamente el funcionamiento de los centros de acogimiento residencial y realizar una correcta supervisión, investigando y, en su caso, sancionando las violaciones de los derechos de los niños que se produzcan en estos centros.»
«La institucionalización de niños y niñas sigue siendo una respuesta común a estas situaciones en los países de la región, aunque la evidencia muestra que el funcionamiento actual de muchas instituciones residenciales no garantiza la protección de los derechos de los niños y niñas internados, y los expone a situaciones de violencia, abuso y abandono», concluyó la CIDH.
Grupos de la sociedad civil en México planean lanzar una ofensiva para presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones.
Durante la 69ª sesión del Grupo de Trabajo pre-sesional del Comité de los Derechos del Niño, que se celebrará del 22 al 26 de septiembre, una delegación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de México se unirán a la CIDH. Del 22 al 26 de septiembre, una delegación de niños, junto con UNICEF -el fondo de la ONU para la infancia- y organizaciones no gubernamentales, presentará en Ginebra un informe sobre la situación de los niños, incluidos los menores sin cuidado parental.
En mayo-junio de 2015, el Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos independientes, evaluará a México.
Y la relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Infancia, Rosa María Ortiz, visitará México en octubre para elaborar un informe sobre la situación aquí.
«Creemos que es necesario evitar la institucionalización y contar con una ley general de cuidados alternativos, y nos urge contar con información clara y detallada sobre los niños institucionalizados», dijo Pérez, de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia.
Martínez, directora de la casa hogar Patronato Pro Hogar del Niño de Irapuato, dijo que es importante analizar a fondo qué tipo de atención brinda cada organización. «El modelo actual es demasiado asistencialista. ¿Y quién puede garantizar el seguimiento de los casos? Hay otro enfoque que debería seguirse: trabajar por el desarrollo del niño».
Edición de Estrella Gutiérrez/Traducción de Stephanie Wildes