Leyes de educación sexual y ataques estatales

Las decisiones sobre la educación sexual se toman a nivel estatal y local – ninguna ley federal dicta cómo debe ser la educación sexual o cómo debe enseñarse en las escuelas. Casi todos los estados de EE.UU. tienen alguna orientación sobre la educación sexual.

Sin embargo, sólo 29 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que obligan a la educación sexual, e incluso en esos estados no hay garantía de que la educación sexual que se imparte sea de alta calidad, o que cubra los temas que los jóvenes necesitan aprender para mantenerse sanos. Menos de la mitad de las escuelas secundarias y sólo una quinta parte de las escuelas intermedias enseñan los temas de salud sexual que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran «esenciales» para la salud de los jóvenes. Esto es inaceptable.

Las leyes de educación sexual son decididas por los legisladores estatales y locales

Los legisladores en las cámaras estatales y en los ayuntamientos son los que toman las decisiones sobre lo que se enseña (y lo que no) en la educación sexual en las escuelas. Esto significa que deciden si los educadores pueden o no hablar del control de la natalidad, cómo pueden hablar de las experiencias LGBTQ, si es que lo hacen, y cuánto deben insistir los educadores en la abstinencia.

A veces los requisitos estatales y locales sobre educación sexual son útiles. Por ejemplo, 15 estados exigen que la instrucción sea médicamente precisa, y 26 estados y el Distrito de Columbia exigen que sea apropiada para la edad. Mientras que 37 estados tienen leyes que exigen que la abstinencia se incluya en la educación sexual, sólo 18 estados exigen que los educadores también compartan información sobre el control de la natalidad.

El hecho de que la educación sexual incluya o no al colectivo LGBTQ también se deja a la decisión de los gobiernos estatales y locales.

• Sólo 9 estados exigen actualmente que la discusión de las identidades y relaciones LGBTQ sea inclusiva y afirmativa

• 7 estados del sur prohíben a los educadores sexuales discutir (o incluso responder a preguntas sobre) las identidades y relaciones LGBTQ, o de hecho requieren que los educadores sexuales enmarquen las identidades y relaciones LGBTQ negativamente. Estas leyes estigmatizan aún más a los jóvenes LGBTQ y los dejan sin la información que necesitan para proteger su salud sexual, exponiéndolos a un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos y relaciones poco saludables o abusivas.

Esto es lo que sabemos con seguridad: demasiados jóvenes no están recibiendo la educación sexual que necesitan y merecen. Aunque la mayoría de los estados tienen algún tipo de ley o política sobre la educación sexual, las decisiones cotidianas suelen dejarse en manos de cada distrito escolar. Esto significa que los estudiantes del mismo estado que asisten a diferentes escuelas podrían tener experiencias de educación sexual totalmente diferentes.

El inestable estado de la educación sexual en los Estados Unidos

Debido a que las leyes y políticas de educación sexual se elaboran a nivel estatal y local, la educación sexual de calidad (y el papel de Planned Parenthood en su impartición) está constantemente bajo ataque. Los legisladores han utilizado una variedad de tácticas para limitar el acceso a la educación sexual, promover los valores conservadores y los mensajes antiabortistas a través de la educación sexual, y expulsar a los educadores sexuales de Planned Parenthood de las escuelas. He aquí un par de ejemplos de leyes que intentan impedir que Planned Parenthood imparta educación sexual:

• Oklahoma tiene una ley que exige al departamento de salud del estado y a las escuelas locales que proporcionen al público materiales educativos que «enseñen de forma clara y coherente que el aborto mata a un ser humano vivo»

• Louisiana y Tennessee tienen leyes que prohíben a las organizaciones que practican abortos impartir educación sexual en las escuelas.

Estos proyectos de ley restrictivos son sólo una forma de que los políticos bloqueen el acceso a la información, la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva – especialmente de Planned Parenthood.