En 1987, la mayoría de los estados aumentaron el límite de velocidad de 55 a 65 mph en partes de sus carreteras interestatales rurales. Hubo un intenso debate sobre el aumento, y posteriormente se realizaron numerosas evaluaciones. Estas evaluaciones tienen un problema común: sólo miden los efectos locales del cambio. Pero el cambio debe juzgarse por sus efectos en todo el sistema. En concreto, el nuevo límite de 65 mph permitió a las patrullas de carretera estatales desplazar sus recursos de la vigilancia de la velocidad en las interestatales a otras actividades de seguridad y otras carreteras, un cambio que muchos jefes de patrulla de carretera habían defendido. Si los jefes estaban en lo cierto, la nueva asignación de recursos de las patrullas debería conducir a una reducción de las tasas de mortalidad en todo el estado. Del mismo modo, la posibilidad de conducir más rápido en las interestatales debería atraer a los conductores de otras carreteras más peligrosas, generando de nuevo consecuencias en todo el sistema. Este estudio mide estos cambios y obtiene resultados sorprendentes. Encontramos que el límite de 65 mph redujo las tasas de mortalidad en todo el estado entre un 3,4% y un 5,1%, manteniendo constantes los efectos de la tendencia a largo plazo, la exposición a la conducción, las leyes sobre el cinturón de seguridad y los factores económicos.